Los 326 trabajadores que integran la plantilla de la empresa pública MARE, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, han acordado iniciar medidas de protesta contra el recorte de sus salarios, en aplicación del decreto para reducir el gasto público, y han exigido que se defina su estatus jurídico-laboral.
Así lo han acordado los trabajadores, por unanimidad, en una asamblea celebrada hoy en las instalaciones de la empresa en la antigua mina de AZSA.
Como primera medida, se ha decidido remitir una carta al consejero de Medio Ambiente, Francisco Martín, para expresar su disconformidad con la reducción salarial del 5 por ciento que se pretende aplicar con carácter retroactivo al 1 de junio, "una decisión unilateral que vulnera el convenio y la negociación colectiva", ha denunciado el presidente del Comité de Empresa de MARE, Ignacio Modinos (CC.OO.).
Además, ha denunciado el hecho de que la dirección de la empresa haya anunciado que dicho "recortazo" se va a realizar tomando como base las tablas salariales de 2009, lo que "supondrá que la bajada de sueldos rondará el 6%, cuando estamos hablando de nóminas de 900 euros", ha criticado el sindicalista, que ha anunciado la presentación de demandas laborales contra esta medida.
Modinos ha explicado que, desde la constitución de MARE en el año 2003, los trabajadores han venido solicitando su adscripción al sexto convenio colectivo del personal público, una petición que ha sido rechazada con el argumento de que "somos una empresa pública adscrita al derecho privado", ha explicado.
Sin embargo, la decisión de la Administración regional ahora de "cortar por lo sano" y aplicar idéntico recorte salarial a estos trabajadores, tal y como se ha hecho con el resto del personal público, supone para el Comité de MARE una "vulneración" del convenio colectivo. "Sólo somos empleados públicos para lo malo, no para los derechos", ha denunciado Modinos.
Por ello, en la carta enviada al consejero de Medio Ambiente, los trabajadores no sólo muestran su rechazo al recorte salarial, sino que exigen que se les "aclare" su situación laboral. "No es justo y creemos que existen otras formas de ahorrar dinero", ha subrayado el sindicalista.
El Comité, que integran 6 representantes de CC.OO., 3 de UGT, 2 de SIEP, 1 de USO y otro de CSI-CSIF ha acordado hoy dar un plazo de una semana al consejero para que dé una respuesta a su escrito, y de lo contrario no descartan movilizaciones.
Fuente: Europa Press
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